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Protección Ambiental

La protección del medio ambiente ha sido un tema central de la cooperación entre las Partes del Tratado Antártico. El 4 de octubre de 1991 se firma en Madrid el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (también conocido como Protocolo de Madrid), que nace para reforzar el Sistema del Tratado Antártico y por la necesidad de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados y designa a la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.

El Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente tiene seis anexos técnicos, cinco de los cuales ya han entrado en vigor, los anexos del I al IV en 1992, 1 mes después de la firma del Protocolo de Madrid y el anexo V en 1998. El anexo VI todavía está pendiente. El Protocolo y sus Anexos recogen un conjunto exhaustivo de principios básicos y reglas obligatorias detalladas aplicables a todas las actividades humanas en la Antártida.

Al mismo tiempo y en virtud del artículo 11 del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente se creó el Comité de Protección Ambiental (CPA) cuyas funciones consisten en “proporcionar asesoramiento y formular recomendaciones a las Partes en relación con la aplicación de este Protocolo, incluyendo el funcionamiento de sus Anexos, para que sean consideradas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico”. El Comité, integrado por representantes de las Partes del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, se reúne normalmente una vez por año coincidiendo con la RCTA. A las reuniones del CPA asisten también diversos expertos y observadores.

A continuación se expone la normativa derivada de la aplicación de los distintos anexos del Protocolo de Madrid:

Evaluación de Impacto Ambiental (Anexo I)

Según el artículo 3 del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente “las actividades en el área del Tratado Antártico deberán ser planificadas y realizadas sobre la base de una información suficiente, que permita evaluaciones previas y un juicio razonado sobre su posible impacto en el medio ambiente antártico y en sus ecosistemas dependientes y asociados, así como sobre el valor de la Antártida para la realización de investigaciones científicas”.

El artículo 8 del Protocolo requiere que las Partes realicen evaluaciones del impacto ambiental de sus actividades antárticas y establece tres niveles de evaluación según el posible impacto de cada actividad. Los procedimientos para evaluar el impacto ambiental se detallan en el Anexo I al Protocolo. Si en una etapa preliminar de la evaluación se determina que una actividad propuesta tendrá un impacto menor que mínimo o transitorio, se puede proceder con la actividad. Si se determina que probablemente tenga un impacto mínimo o transitorio, se debe hacer una evaluación medioambiental inicial (IEE). Si la IEE indica la posibilidad de que el impacto sea mayor que mínimo o transitorio o si se determina de otra forma que es probable que la actividad tenga un impacto de ese tipo, se debe preparar una evaluación medioambiental global (CEE). Los proyectos de CEE se ponen a disposición del público y son examinados por el Comité de Protección Ambiental (CPA), el cual posteriormente asesora a la RCTA. Los comentarios formulados por otras Partes y por la RCTA deben abordarse en una CEE definitiva, que se usa como base para tomar una decisión con respecto a si se procederá con la actividad y de qué forma.

Los procedimientos para la preparación de evaluaciones se describen en los Lineamientos para la evaluación de impacto ambiental en la Antártida, cuya versión más reciente fue adoptada en la XXVIII RCTA mediante la Resolución 4 (2005).

El procedimiento español para la evaluación de actividades españolas en la Antártida se describe en el documento “Procedimiento para la evaluación de los impactos ambientales de las actividades españolas en la Antártida”.

Conservación de la fauna y flora antárticas (Anexo II)

La Antártida, comparada con otras partes del mundo, ha sufrido relativamente pocos cambios como consecuencia de la actividad humana. La protección de la fauna y la flora autóctonas ha sido un tema de preocupación para las Partes Consultivas del Tratado Antártico desde el comienzo.

El artículo 3.2 del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente establece que las actividades que se emprendan en la Antártida deben planificarse y llevarse a cabo de modo que se eviten “cambios perjudiciales en la distribución, cantidad o capacidad de reproducción de las especies o poblaciones de especies de la fauna y la flora” y “peligros adicionales para las especies o poblaciones de tales especies en peligro de extinción o amenazadas”. Para proteger las especies antárticas el Protocolo establece que:

  • Está prohibida la toma de muestras (remoción) e intromisión perjudicial, salvo que se cuente con una autorización;
  • Está prohibida la introducción de especies no autóctonas, salvo que se cuente con una autorización; y
  • la designación de especies especialmente protegidas.

Para obtener una autorización para realizar este tipo de actividades es necesario completar el cuestionario de solicitud de permiso para toma de muestras, intromisión perjudicial sobre flora y fauna antártica o introducción de especies.

Una vez finalizadas las actividades de toma de muestras o intromisión perjudicial, y en el plazo máximo de 2 meses tras la visita, es obligatorio remitir al Comité Polar Español, un informe de visita de las actividades realizadas.

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Protección y gestión de zonas (Anexo V)

Según el Anexo V del Protocolo de Madrid, cualquier zona antártica puede ser designada como una Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) a fin de proteger valores científicos, estéticos, históricos o naturales sobresalientes, cualquier combinación de estos valores o investigaciones científicas en curso o previstas. Una zona donde se estén realizando actividades o se prevea hacerlo más adelante puede designarse como Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) para facilitar la planificación y coordinación de actividades, evitar posibles conflictos, mejorar la cooperación entre las Partes o reducir al mínimo el impacto ambiental. Una ZAEA puede comprender una o varias ZAEPs, a las que queda prohibido entrar excepto con un permiso emitido bajo las condiciones del Plan de Gestión correspondiente.

La entrada a una ZAEP está terminantemente prohibida salvo en conformidad con un permiso expedido por la autoridad competente (Comité Polar Español) y siempre respetando las disposiciones del Plan de Gestión relativo a la zona correspondiente.

La entrada en una ZAEA no requiere la emisión de un permiso específico pero las actividades que se realicen en ella deben seguir el Código de Conducta indicado en el Plan de Gestión correspondiente.

Una vez finalizadas las actividades en una ZAEP y/o una ZAEA es obligatorio remitir al Comité Polar Español un informe de visita de las actividades realizadas.

Desde el comienzo, la RCTA ha recalcado la necesidad de proteger sitios o monumentos de interés histórico, lo cual llevó en 1972 al establecimiento de una lista oficial de sitios y monumentos históricos (SMH).

Planes de Gestión ZAEP

Cualquier Parte, el Comité de Protección Ambiental (CPA), el Comité Científico de Investigación en la Antártida (SCAR) o la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) pueden proponer que se designe una zona como Zona Antártica Especialmente Protegida, presentando un proyecto de Plan de Gestión a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

La designación de una ZAEP tendrá vigencia indefinida, a menos que el Plan de Gestión estipule otra cosa. El Plan de Gestión se revisará cada cinco años y se actualizará cuando se considere conveniente.

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Planes de Gestión ZAEA

Cualquier Parte, el Comité de Protección Ambiental (CPA), el Comité Científico de Investigación en la Antártida (SCAR) o la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) pueden proponer que se designe una zona como Zona Antártica Especialmente Administrada, presentando un proyecto de Plan de Gestión a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

La designación de una ZAEA tendrá vigencia indefinida, a menos que el Plan de Gestión estipule otra cosa. El Plan de Gestión se revisará cada cinco años y se actualizará cuando se considere conveniente.

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